La red hospitalaria en el Atlántico está en crisis. Así lo aseguró la diputada Alejandra Moreno tras denunciar la falta de pago a los trabajadores y acreedores por parte del operador ESE UNA.

La asambleísta señaló que actualmente la gerencia adeuda salarios a más de 100 trabajadores, vinculados por contratos de prestación de servicios, del Cari Mental y demás sedes en el departamento.

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Indicó que esta grave situación pone en riesgo la atención en salud de los atlanticenses y la operatividad misma de la red.

“En este momento la operatividad de la red hospitalaria depende, en un 80%, de los profesionales por contrato de prestación de servicios, por OPS. Se les debe no solamente sus honorarios, sino que adicionalmente no tienen seguridad social. Es decir, unos profesionales de la salud, sin servicio de salud”, dijo.

Sostuvo que dentro de los trabajadores hay desde mujeres embarazadas hasta personas con diagnósticos de hipertensión y diabetes que requieren atención médica a través del servicio de salud y que actualmente no lo tienen.

Este miércoles, los trabajadores del Cari Mental y del Hospital Juan Domínguez Romero, en Soledad, salieron a protestar y exigir el pago de sus salarios que ya se les adeuda desde hace más de cuatro meses.

Por otra parte, la diputada Moreno expuso que las deudas se extienden también a proveedores, muchos de ellos -dijo- a punto de desaparecer por la cantidad de dinero que les debe la ESE UNA.

“La red hospitalaria hoy tiene una deuda de más de $100.000 millones, lo que pone prácticamente en grave la operatividad de la red y se avecina una parálisis, sino hay una intervención”, enfatizó.

Manifestó que la operatividad de la red se ha visto comprometida por la falta de los profesionales de salud que aún le tienen retenido sus salarios. Indicó que muchos no tienen dinero para movilizarse y otros han tenido que renunciar por la gravedad de la situación.  

“En el caso del Cari, que es el que más genera atención, estamos hablando que hay más de 100 pacientes, es una unidad que se mueve muchísimo. Allá están trabajando 105 trabajadores que no tienen pago en este momento de salarios. Entonces, enfermeras que no pueden ir a trabajar porque no tienen ni siquiera un transporte. Entonces la operatividad se ha mermado. Hoy sí hay una crisis en la red hospitalaria y aún no lo quieren reconocer”, apuntó.

Informó que la Superintendencia Nacional de Salud ya está interviniendo la ESE UNA. Moreno no descarta una futura liquidación del operador.

“Yo hice una solicitud formal pidiendo la intervención de la Supersalud, porque necesariamente hay que hacer esa intervención teniendo en cuenta que el Gobierno nacional ha girado más de $63 mil millones a UNA. Entonces no se entiende hacia dónde se está yendo el dinero, qué está pasando, que a la fecha los trabajadores tienen hasta seis meses sin recibir un pago. Y lo peor es que los están amenazando con no renovarles el contrato si denuncian”, contó la diputada.  

Sostuvo que hasta el momento no hay una solución al problema y que los trabajadores han decidido declararse en paro permanente.

“El gobernador Eduardo Verano dice que está en conversaciones con el gerente Pablo Alberto de La Cruz, buscándole una salida al problema, pero hasta el momento no han dicho absolutamente nada. La ESE UNA tenía que haber entregado a la Supersalud, por ley, un informe financiero al cierre del 2024 y no lo entregó. Por lo tanto, eso le va a cargar sanciones", dijo.

Por último, señaló que se aprobó en plenaria dos debates para abordar el caso de ESE UNA y otro para revisar todo el sistema de salud del departamento.

Posible detrimento patrimonial

La diputada Lourdes López, en medio de una sesión en la Asamblea del Atlántico, expuso también la grave situación que atraviesa la ESE UNA de Alta Complejidad. Indicó que se ha recibido información sobre una intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Sostuvo que la Asamblea autorizó la intervención de este complejo a la entonces gobernadora Elsa Noguera bajo la premisa de que se iba a regularizar toda la deuda y se iban a prestar ciertos servicios de salud. Sin embargo, señaló que un informe revela lo contrario.

“Tengo en mi poder un informe del revisor fiscal del año 2024, donde dice que en 2024 se dejaron de presentar facturas por $7 mil millones, facturas que hoy son de difícil recaudo. Uno habla con la Secretaría de Hacienda y nos dice que la Gobernación, en este momento, tiene una deuda de $80 mil millones con acreedores”, expuso.

López aseguró que esta situación podría llevar a un posible detrimento patrimonial si no se realiza un control político adecuado.

“Hoy no solamente vamos a encontrar que se están desviando recursos de la salud que son de todas las personas del departamento del Atlántico, sino que ya hay detrimento patrimonial”, dijo.

Además, criticó el alto salario del actual gerente de la UNA, que ha aumentado -a su parecer- considerablemente en comparación con los gerentes anteriores del hospital.

“Hace como 4 o 5 años, los gerentes de cada uno de los hospitales se ganaban entre 4 o 5 millones de pesos. Aquí cuando se hizo un solo gerente, ya ese gerente comenzó a ganarse $15 millones y ahora, me imagino, se está ganando entre 20 y 25 millones de pesos”, anotó.